Tomar decisiones sobre el final de la vida es difícil y más en una sociedad que no está preparada para pensar en la muerte; todavía más en situaciones extraordinarias como lo es la pandemia de COVID-19. Los principios bioéticos de respeto a la autonomía y de beneficencia que prevalecen en situaciones ordinarias deben subordinarse al de justicia social para buscar el mayor beneficio de la comunidad y la distribución más ética de tratamientos críticos cuando estos son escasos como se anticipa que lo serán en nuestro país. Se deben establecer por anticipado los criterios que guiarán esa distribución de la cual debe encargarse un comité para así deslindar a los médicos responsables de los pacientes de la terrible carga de decidir, en cada caso, quién recibe y quién no el tratamiento que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.